Los cortes para pasar raya durante una gestión son siempre arbitrarios. El primer mes, los 100 días, el año. Son apenas marcas en un calendario de cinco años que no respetan tiempos de gestiones ni marcan, por sí solos, hitos relevantes. Simplemente ayudan a mirar en perspectiva, en este caso, la presidencia de Yamandú Orsi. “Fue bueno para el gobierno porque el riesgo que tenía era altísimo y negoció correctamente con Cabildo Abierto que eran los dos votos que necesitaba. El corazón del presupuesto, la parte tributaria y algunas otras medidas que eran estratégicas de la conducción económica, las terminaron votando”, resumió en octubre de este año el doctor en Ciencias Políticas, Daniel Chasquetti, en una entrevista con El Observador. Pero mientras el gobierno se refugia en la “revolución de las cosas simples”, hay quienes califican la agenda del Poder Ejecutivo como escasa. “Hay una contradicción entre el tono de Orsi, moderado, poco ambicioso (...) y el tono de los cuatro años previos del Frente Amplio como partido y el contenido de las bases programáticas”, dijo el también doctor en Ciencias Políticas, Adolfo Garcé, en radio Sarandí esta semana. A un año de asumir, en el tablero del Poder Ejecutivo aparecen algunas luces amarillas cada vez más intensas. La última encuesta de la consultora Opción señala que apenas el 23% de los uruguayos aprueba y un 38% desaprueba. Respecto al trimestre previo, señala la consultora, la aprobación cae 5 puntos y la desaprobación trepa 8 puntos. Todavía hay un 37% que tiene una opinión neutra. “Al interior del FA, esta es la primera vez que menos de la mitad de sus electores aprueba la labor del gobierno; en el trimestre previo, 57% de los frenteamplistas calificaban el desempeño del gobierno en forma favorable”, dice el informe de Opción publicada este viernes. Entre los votantes coalicionistas, la evaluación negativa pasó de 48% a 61%. El propio Rafael Porzecanski, director de Opción, lo dijo en El Observador en diciembre: “Es evidente que (el gobierno) necesita generar una conexión mayor con la ciudadanía en economía y seguridad que son las principales preocupaciones”. Se trata de un escenario similar –y hasta un poco más adverso– que el que presentaba la segunda presidencia de Tabaré Vázquez a un año de asumir. Los destaques En este primer año, presupuesto de por medio pero no solo, el Ministerio de Economía, y particularmente el ministro, Gabriel Oddone, fue el que se llevó todos los focos en agenda propositiva. Realizó un ajuste con nuevos impuestos a las multinacionales y ampliando la cobertura de otros y puso una y otra vez temas sobre la mesa: lideró la reforma de la Caja de Profesionales, abordó la brecha de precios en la frontera, introdujo cambios en la promoción de inversiones e inició una “desempapelamiento” en comercio exterior. El otro ministerio que tuvo movimientos fue el de Relaciones Exteriores. La aprobación del acuerdo Mercosur - Unión Europea y el inicio del proceso de adhesión al Tratado Transpacífico fueron dos hitos concretados en esta administración pero que ya tenían camino recorrido cuando Mario Lubetkin llegó al Palacio Santos. A eso se le suma el inicio de gestiones para ingresar al RCEP, un acuerdo que permitiría fortalecer el acceso a mercados en la zona de Asia-Pacífico, y movimientos de posicionamiento diplomático: presidencia del G77 y de la Celac. La mayoría de esos asuntos, tanto los de Economía como de cancillería, deberán traducirse en beneficios para la mayoría de la población o sectores interesados para poder ser catalogados como logros del gobierno. La revisión Con un presidente que delega, y lejos está de ejercer una autoridad vertical, la figura del prosecretario Jorge Díaz emergió con fuerza en este primer año y varios temas pasaron por sus manos: Ministerio de Justicia, revisión del Código del Proceso Penal y, sobre todo, rescisión del contrato con el astillero Cardama por presunto fraude al Estado. El tema, que se llevó buena parte de la agenda mediática este año, generó el cruce político más fuerte de estos 365 días: el expresidente Luis Lacalle Pou salió de su año sabático a nivel público para decir que al presidente lo habían “arrastrado a una operación política”. Orsi le respondió que podía pensar que a él “lo arrastró un amor no correspondido” porque la empresa “no se ha portado tan bien con el Estado”. El asunto está en la Justicia mientras que el Estado evalúa nuevas propuestas para construir las patrulleras oceánicas. Y además de temas militares, el actual gobierno también revisó el contrato que la administración anterior había firmado con el consorcio Aguas de Montevideo para realizar el proyecto Neptuno. En este caso la rescisión no fue el camino pero sí una renegociación que cambió los aspectos sustanciales del contrato y de una planta potabilizadora en Arazatí pasó a otra en Aguas Corrientes y otras obras aledañas. Tanto con Cardama –firmado a pocos días del balotaje– como con Neptuno –cerrado en medio de la transición– el actual oficialismo mantuvo la línea que había expresado desde la oposición con duras críticas a esas iniciativas. Las expectativas por cumplir Obviamente que 365 días no son suficientes para cumplir o avanzar en todos los temas que competen a un gobierno. Es por eso que este primer año de Yamandú Orsi puso sobre la mesa algunos temas que se concretarán (o no) en los próximos años. Y por ahí van las principales reformas que este gobierno tiene en carpeta. El diálogo social sobre protección y seguridad social está llegando a su fin y de ahí saldrán varios proyectos de ley que van a marcar la impronta del gobierno en este tema. Un asunto clave en ese punto es la edad de retiro, ya que el gobierno de Luis Lacalle Pou la llevó a 65 años –con algunas excepciones– y esta administración pretende volver a los 60, tal como adelantó en entrevista con El Observador el economista Hugo Bai, encargado de coordinar ese diálogo social. La idea del gobierno es que todas las personas se puedan jubilar a los 60 años pero establecer incentivos para que los sectores medios y altos se retiren más cerca de lo que establece la normativa vigente. Esa discusión comenzará en este 2026 y vendrá acompañada de otras vinculadas a la protección social. El diálogo también está revisando el sistema de transferencias monetarias y, según dijo Bai, pretende ampliar su cobertura y el monto. Este es un aspecto clave para intentar abordar uno de los principales mandatos que recibió este gobierno: reducir la pobreza infantil. El Presupuesto incluyó algunas medidas que apuntaban en ese sentido pero la finalización de esa instancia traerá más novedades. El desafío será, como casi siempre, cómo articular las medidas con un restrictivo escenario fiscal. Otro tema clave de cualquier gobierno en Uruguay en, al menos, los últimos 15 años es la (in)seguridad. Un problema que se ha sostenido en el tiempo y que ha sido el talón de Aquiles de las dos últimas administraciones. En marzo, según los anuncios, el Ministerio del Interior presentará el Plan Nacional de Seguridad luego de un primer año en que el gobierno celebró una (mínima) reducción de los homicidios y detuvo a dos pesos pesados del narcotráfico (que ya habían estado presos en otros momentos). Sin embargo, la situación general se mantiene incambiada. El otro tema central de los próximos años será la reforma del transporte metropolitano. A impulso del gobierno nacional y en coordinación con las intendencias de Montevideo, Canelones y San José, el sistema de transporte está en el centro de atención en una reforma que promete ser la obra de infraestructura más importante del período. Con varios detalles por definir, y con resultados que no se verán por varios años, es una de las banderas que el Poder Ejecutivo levantó durante el primer año y que deberá trabajar durante el resto del período para llegar a buen puerto.