Fue un tema que pasó sin gran discusión pero que quedó impreso en los programas de gobierno que el Frente Amplio y los partidos Nacional, Colorado e Independiente entregaron a la Corte Electoral. Los partidos de la oposición, incluso, se comprometieron a ponerlo en práctica en el documento común que acordaron de cara al balotaje. Sin embargo, con Orsi ya en el poder, la situación cambió y los principales dirigentes de la oposición pasaron a rechazar la idea porque cuestionan que en un contexto de restricción se vuelva a “engordar el Estado” con más burocracia y suponen que el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, ejercerá el poder desde las sombras. Pese a esto, y a que algunos dirigentes del Frente Amplio como Lucía Topolansky o Daniel Caggiani han dicho que no les “encanta” la idea, el mandatario anunció que enviará el proyecto de ley al Parlamento para cumplir lo prometido y que sean los legisladores los que resuelvan si los votos alcanzan para transformarlo en realidad. El gobierno no tiene mayoría en Diputados y la Constitución exige que una mayoría absoluta en ambas cámaras, por lo que deberá negociar para conseguir los votos. En caso de ser así, Uruguay pasará a tener 15 ministerios, tres más que los que tenía a comienzos del siglo XXI. El primer gobierno de Tabaré Vázquez creó Desarrollo Social (2005) y Luis Lacalle Pou sumó Ambiente (2020) al separarlo de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Mvotma), el cual había sido creado –todo junto– por la administración de su padre, Luis Lacalle Herrera. La otra cartera creada desde el retorno de la democracia fue Turismo, en 1986 bajo el mandato de Julio María Sanguinetti. Sanguinetti fue quien, a su vez, derogó –con un decreto fechado simbólicamente el 1 de marzo de 1985– el Ministerio de Justicia que había sido creado en 1976 por la dictadura. El abogado Ignacio Soba señaló en un artículo publicado el año pasado en la revista de derecho procesal que algunas personas rechazan la propuesta porque tienen reminiscencias de esa época. “Recuerdan a ese ministerio en ese período concreto de la historia reciente. Por supuesto que en un contexto de violaciones graves a los derechos humanos también existieron medidas dirigidas concretamente contra el sistema de justicia”, escribió. En el trabajo, el abogado hace un racconto de los momentos en que Uruguay tuvo un ministerio con estas características, destacando que fue tanto en democracia como en dictaduras. Hubo uno en 1883, otro en 1911 y en 1976 durante la dictadura. Soba, que además de profesor en la Facultad de Derecho es asesor de la Prosecretaría de la Presidencia, defendió la idea y planteó que un ministerio de estas características “claramente no es un poder del Estado”. “Forma parte del Poder Ejecutivo, por lo que no es ni puede ser parte del Poder Judicial”, escribió y señaló que “aunque resulte obvio, desde un Ministerio de Justicia no se juzgan ni se dictan sentencias”. En el trabajo, el abogado considera que la existencia de este ministerio “no compromete la separación de poderes” sino que es un puente entre el Ejecutivo y el Judicial. Posibles roles Soba señala que es la Suprema Corte de Justicia la encargada de designar jueces y ministros, pero el nuevo ministerio podría participar en el diseño y la ejecución de aquellas políticas públicas del Poder Ejecutivo que se vinculen al sistema de justicia. En este sentido, plantea que podría incluir la política penitenciaria –el INR y las medidas alternativas a prisión–; cuestiones relativas a la lucha contra el crimen organizado; los temas asociados a distintos registros públicos; las cuestiones de acceso a la Justicia; la regulación de la asistencia legal gratuita así como la defensa pública; la abogacía del Estado y la regulación de profesiones jurídicas. En paralelo al envío del proyecto de ley, el gobierno ha avanzado con estas iniciativas. En abril Interior prevé enviar un proyecto para descentralizar el INR –hoy bajo su jurisdicción–, mientras que la descentralización de la defensa pública ya fue aprobada en el Senado y será tratada este semestre en diputados. A su vez, el Presupuesto creó la "Secretaría de Litigio Estratégico" en Presidencia para que funcione como abogacía del Estado. “Un Ministerio de Justicia podría favorecer una visión holística propiciando el orden y la articulación entre los componentes de un sistema de justicia en sentido amplio”, dice pero recalca que no podría ejercer otras competencias que la Constitución le asigna al Poder Legislativo, a la SCJ o al TCA. “Son líneas rojas que no podría traspasar”. Por último, subraya que no hay “indicios a nivel comparado” de que un ministerio de estas características “afecte la separación de poderes o la independencia judicial” y dice que todos los países ubicados en el top 10 de administración de justicia cuentan con uno. El debate del 85 La supresión del Ministerio de Justicia en 1985 apenas tres meses después del inicio del primer gobierno democrático tras casi doce años de dictadura tuvo mucho de "simbólico". Esa cartera creada en 1976 representaba, entre otras cosas, la injerencia que el Poder Ejecutivo tuvo sobre la Justicia en una época en que la que la separación e independencia de los poderes del Estado fue destruida. “Vamos a votar esta noche, sin duda, la supresión del Ministerio de Justicia, en un acto que va a tener un contenido fundamentalmente simbólico, que en este momento importa destacar muy especialmente”, decía en el plenario el 18 de junio de 1985 el diputado Martín Sturla. Tanto en el Senado como en la cámara baja la votación fue por unanimidad y no tuvo grandes discusiones. En la cámara alta el debate se centró en temas formales y en la distribución de los funcionarios que por ese entonces trabajaban para el ministerio que se suprimiría. En Diputados tampoco se generó debate sobre el fondo del asunto pero Sturla resumió los motivos por los que se tomaba esa decisión. “Vamos a eliminar el último vestigio que quedaba de la sumisión de la administración de justicia al Poder Ejecutivo. Es el último vestigio del avasallamiento de una serie de actos que la dictadura perpetró contra el Poder Judicial y contra las garantías y derechos de todos los ciudadanos”, dijo según consta en el diario de sesiones de la época revisado por El Observador. Sin embargo, en esa misma intervención, el diputado blanco planteó la duda de si no era necesario un Ministerio de Justicia. "Nos queda la duda –esto nos importa decirlo– de si en la administración de nuestro Estado, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, no tendría cabida un Ministerio de Justicia que, con el más absoluto respeto por las garantías del Poder Judicial y su independencia, asuma competencias que en otras naciones civilizadas del orbe similares organismos han asumido con éxito y con buenas posibilidades de desarrollar una actividad proficua en ese terreno", decía y adelantaba que "tal vez dentro de un tiempo, con finalidad limitada y respeto a la independencia del Poder Judicial" el sistema político estuviera "creando nuevamente un Ministerio de Justicia".