La escalada en el precio internacional del petróleo tras el comienzo de la guerra en Medio Oriente marcó el pulso de los mercados en lo que va del mes y, tarde o temprano, tendrá efectos en las tarifas de los combustibles en Uruguay. La última actualización de tarifas fue en marzo y, siguiendo la metodología bimestral, la próxima corrección debería darse en mayo, comparando los valores promedio de enero-febrero con marzo-abril. Sin embargo, el Poder Ejecutivo podría adelantar la corrección para abril, dadas las circunstancias de fuerte encarecimiento de los energéticos a nivel mundial. Esto podría confirmarse en estas horas. Para mitigar el impacto de la suba internacional, el gobierno evalúa distintas herramientas, como aplicar aumentos por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI), utilizar la banda de ajuste del 7% para limitar las subas o reforzar subsidios —como en el supergás—, de manera que no toda la suba del precio internacional se traslade al consumidor. Evolución del PPI A la luz de la incertidumbre global, vale repasar cómo se ha reflejado la suba del petróleo en los precios internacionales de referencia durante el último mes móvil, que va del 26 de febrero al 25 de marzo. Esta información surge de los datos mensuales que publica la Ursea en su informe de PPI, basado en la evolución de los valores en la costa del Golfo de México, en EE. UU. En ese período, el PPI ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 —incluyendo agrocombustibles— aumentó 39% en comparación con el bimestre anterior completo. En el caso del gasoil común, la suba fue de 67%. Proyecciones de precio en surtidor Con esos números, si se siguiera la regla del PPI a tapa cerrada, la nafta Súper 95 debería subir aproximadamente $ 10 por litro (+13%), sobre un precio actual de $ 76,88. En el caso del gasoil 50-S, el aumento debería ser de unos $ 20 por litro (+43%) aproximadamente, desde los $ 47,32 vigentes. Esto surge de estimaciones realizadas por El Observador, considerando el precio de referencia, el factor de estabilización o sobreprecio ($ 1,2 por litro), los impuestos y el supuesto de que el resto de los componentes de la cadena —como fletes y bonificaciones— se mantengan sin cambios (cuya paramétrica de ajuste no es pública). En el caso del supergás, el esquema actual incluye un subsidio general y otro focalizado, lo que hace que los usuarios paguen un precio inferior al que surge del PPI. Actualmente, el valor es de $ 88,46 por kilo, mientras que el costo de referencia es mayor; esa diferencia, cercana a $ 7 por kilo, no se traslada al consumidor y se traduce en menores ingresos para Ancap, funcionando en la práctica como un subsidio. En el último mes, los precios en el mercado de referencia (Mont Belvieu, Texas) aumentaron alrededor de 35%, lo que suma presión sobre este energético. Si el gobierno decidiera mantener sin cambios el nivel actual de subsidio, el precio al público podría ubicarse cerca de $ 100 por kilo. En cambio, una ampliación del subsidio permitiría amortiguar ese impacto en los hogares. La “banda del 7%”: el amortiguador contra la volatilidad Es importante recordar que desde julio de 2025 la nueva metodología incluye una banda de flotación que busca mitigar el efecto de la volatilidad de los precios internacionales en los precios locales. La regla establece que, si la diferencia entre el precio vigente y el valor de referencia (PPI más factor de estabilización) es menor a 7%, el precio de venta al público se ajusta a la referencia. En tanto, si la referencia se encuentra fuera de ese rango, el tope máximo —tanto para subir como para bajar— se fija en el 7%. Cláusulas de escape y decisiones del gobierno Sin embargo, esta regla predefinida tiene cláusulas de escape a las que el Poder Ejecutivo podría recurrir en caso de eventos extraordinarios que impulsen aumentos en los precios internacionales, como la guerra en curso. También podría revisarse la amplitud de la banda de flotación o modificar de forma transitoria la metodología de ajustes. Cómo se monitorean los precios El monitoreo diario mantiene una doble mirada técnica sobre el mercado: por un lado, se sigue el precio de los productos refinados en la costa del Golfo de EE.UU.; por otro, se vigila de cerca la cotización del petróleo crudo, que es la materia prima que Ancap adquiere para procesar localmente. Esta distinción es fundamental, ya que mientras el valor de los refinados en EE.UU. marca la pauta de lo que debería pagar el consumidor, el costo del barril de crudo impacta directamente en la estructura de costos y en la caja de la empresa estatal. El escenario internacional genera un dilema para el gobierno: aumentar los precios de los combustibles o mitigar el impacto reduciendo los ingresos de Ancap. El margen de maniobra del gobierno Esta situación deja al gobierno frente a un equilibrio delicado. Si decide respetar la “banda del 7%”, estará priorizando cuidar el bolsillo del consumidor. En ese caso, el impacto del shock externo recaería sobre la caja de Ancap, utilizando el stock acumulado como un “colchón”. Por otro lado, si la brecha con los precios internacionales se vuelve difícil de sostener y se activan las cláusulas de escape para subir los combustibles por encima del tope, el ajuste se trasladará al surtidor. Esto aliviaría las cuentas de la empresa estatal, pero tendría un impacto en el costo de vida y el resto de los precios de la economía, en un contexto de alta incertidumbre global.