El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, adjudicaron días atrás la licitación para gestionar distintos centros de 24 horas para personas en situación de calle. Según consta en la resolución publicada en el Diario Oficial, entre los convenios a firmar se cuenta la Fundación A Ganar, organización criticada a menudo por el Frente Amplio por ser “amiga” de los blancos. Poco antes de pasarle la banda a Orsi, el expresidente Luis Lacalle Pou resolvió una compra directa por excepción a la Fundación A Ganar para hacer el seguimiento de 230 cupos en centros, hogares o residenciales de larga estadía habilitados por el Ministerio de Desarrollo Social. Con la asunción del nuevo gobierno, Orsi y Civila resolvieron en marzo “continuar con el proceso de este convenio”, con “el centro de la acción” sobre “los efectos que podría tener sobre 230 personas en situación de dependencia la caída intempestiva del servicio”. El Mides afirmó también que estudiaría la “pertinencia” de la contratación, al tiempo que Civila reivindicó con frecuencia que la cartera no discriminaría entre organizaciones siempre y cuando se ofrecieran buenas condiciones para prestar el servicio. La nueva adjudicación firmada por Orsi el 20 de enero de este año cierra un proceso licitatorio lanzado por el anterior gobierno el 16 de abril de 2024 para la gestión de hasta tres centros de calle de 24 horas y equipos itinerantes en Montevideo. El monto total del contrato asciende a casi $87 millones para convenios con cuatro organizaciones: Otras Manos, cooperativa de trabajo Sumando Opciones, Fundación A Ganar y cooperativa de trabajo Virada. La resolución de Orsi implica también desestimar –a sugerencia de la Comisión Asesora de Adjudicaciones– las ofertas de la Asociación Civil Impulso, la Fundación K Alma para Prevención y Tratamiento de Adicciones, Hilando Vidas, y el Centro de Investigación, Información y Escucha. El largo proceso involucró descargos de una de las organizaciones y el paso del expediente al Tribunal de Cuentas. En el caso de A Ganar, la fundación “deberá gestionar un centro mixto 24 horas en la ciudad de Montevideo con cupo para hasta 40 personas”, establece el convenio a ser firmado por Civila y el titular de la organización, Alejandro Ricco. El centro funcionará los 365 días del año, las 24 horas, aclara el texto y compromete al equipo de trabajo a “desarrollar estrategias individuales, grupales y comunitarias orientadas al cumplimiento de los objetivos, así como para el logro de la convivencia teniendo como guía para ello, la promoción de la autonomía y el ejercicio de derechos”. El Mides deberá transferir a la Fundación A Ganar unos $26,7 millones a lo largo de 12 meses, a pagar en seis partidas. "Fundación amiga" Durante el anterior gobierno, el Frente Amplio cuestionó desde la oposición que A Ganar era una “especie de fundación amiga” de la administración nacionalista, como la llamó el diputado Daniel Caggiani (MPP). El también diputado emepepista Gabriel Tinaglini llegó a llevar ante la Junta de Transparencia y Ética Pública los vínculos entre los directivos de la organización y el Partido Nacional. En ese entonces, el director ejecutivo de A Ganar era Alejandro Rico, titular del Instituto Nacional de la Juventud en representación del Partido Nacional entre 2000 y 2003, durante el gobierno de Jorge Batlle. La presidenta de A Ganar era María Magdalena Secco, esposa de Ignacio de Posadas, ministro de Economía entre 1992 y 1995, en el gobierno del presidente blanco Luis Alberto Lacalle. La subdirectora de la organización era Verónica Martínez, hermana del secretario privado de Lacalle Pou, y de Valentín Martínez, secretario general de la Intendencia de Rocha, con quien la ONG tiene convenio. La Jutep descartó que la participación de Martínez en Rocha haya incidido en la vinculación con A Ganar, por haberse aprobado por unanimidad en una comisión asesora y por no haber perjudicado a ningún otro oferente. Los blancos, por otro lado, esgrimen que la organización ya tenía contratos durante los gobiernos frenteamplistas. El senador oficialista Eduardo Brenta llevó a cabo en este período varios pedidos de informes a distintas reparticiones del Estado y a intendencias blancas para calcular cuánto dinero ha percibido A Ganar por convenios con estas instituciones públicas. Entre las contrataciones reportadas por los ministerios de Desarrollo Social y Transporte, respectivamente, y la Agencia de Compras Estatales, las erogaciones suman casi US$ 29 millones, a precios de febrero de 2025.