Serán dos las investigadoras parlamentarias que indagarán acerca del contrato de la anterior administración con la empresa Cardama, luego de que el Partido Nacional solicitara este miércoles en Diputados una comisión similar a la que promoverá el Frente Amplio en la Cámara de Senadores. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez conversó con legisladores de los partidos Colorado, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana y les planteó la necesidad de instalar una comisión preinvestigadora que analice “hechos, actos y eventuales conductas irregulares relacionadas con el proceso de revisión y rescisión” del contrato de construcción de las patrulleras oceánicas iniciado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y que la administración de Yamandú Orsi quiere desmontar. “Nuestra intención es que se investigue todo porque no hay nada que ocultar en lo que a la gestión de nuestro gobierno respecta, hemos planteado que la investigación se realice desde el 2005. Ese año hubo un reclamo público de la Armada en cuanto a la necesidad de que nuestro país contara con patrulleras oceánicas”, dijo Rodríguez. El legislador explicó que se propone esta preinvestigadora en la Cámara de Diputados porque allí “todo el espectro político se encuentra representado" a diferencia del Senado donde no hay integrantes de Cabildo Abierto ni de Identidad Soberana. La preinvestigadora tiene 48 horas para resolver si da paso a una investigadora. En el documento en el que se plantea la creación de este grupo se sostiene, entre otras cosas, que desde que asumió el actual gobierno, respecto al proceso de construcción de las lanchas patrulleras “se han dado hechos irregulares en el Ministerio de Defensa Nacional con la participación de personas ajenas al ministerio que han investigado sin contar con norma habilitante, ocasionando sus actos consecuencias para terceros”. “A partir de sus informes se iniciaron investigaciones administrativas que son dirigidas por Presidencia, con filtraciones permanentes de información reservada, que afectan al debido proceso. El planteo firmado por el diputado Rodríguez pone el énfasis en la decisión del gobierno frenteamplista de rescindir el contrato con la empresa española Cardama. Sostiene que esta administración ya estaba en contacto con posibles proveedores antes de decidir la rescisión del contrato, aduciendo la existencia de una garantía trucha. Por su parte, la bancada de senadores del Frente Amplio presentó la solicitud de una investigadora en esa Cámara señalando que el prestigio de Uruguay “se ha visto claramente afectado por la presunta comisión de un fraude contra el Estado" La semana pasada el presidente Yamandú Orsi confirmó en conferencia de prensa que el gobierno decidió finalmente rescindir el contrato con el astillero español.